Acceso usuarios
Sergio Sánchez-Castiñeira
Introducción. Las escuelas infantiles para niñas y niños de 0 a 3 años han incorporado manifies- tamente algunos de los objetivos que definen los servicios sociales, como son la lucha contra la pobreza y la inclusión social. Sin embargo, la reali- dad es que las familias empobrecidas muestran tasas de acceso especialmente bajas. Este artículo pro- pone una perspectiva institucionalista para analizar las condiciones que pueden limitar que los servi- cios sociales de atención primaria faciliten que los hogares empobrecidos se incorporen a las escuelas infantiles. Metodología. Se trata de un análisis de los servicios sociales de atención primaria que se basa en entrevistas semiestructuradas (17) y grupos de discusión (8) con trabajadoras sociales. Resultados. Las explicaciones de las trabajadoras sociales mues- tran que, ante la falta de plazas escolares disponibles y la escasez de recursos propios de los servicios sociales, las escuelas infantiles no se conciben como un «derecho» (lógica institucional universa- lista) de las familias usuarias. En contraposición al consenso académico, desde los servicios sociales no se conocen o no se consideran suficientemente los beneficios emocionales, cognitivos y relacionales de la entrada en el sistema educativo a una edad temprana. En general, se estima natural que los niños pequeños sean cuidados por los progenitores (y por la familia extensa). De hecho, se tiende a considerar que el hecho de cuidar a tiempo com- pleto de un niño o de una niña promueve unos adultos más «responsables» también en otras áreas de sus vidas. Dentro de este marco institucional donde domina la lógica familista, las profesiona- les pueden movilizar diversas racionalidades para priorizar las (pocas) usuarias a quienes se les faci- lita el acceso a estas escuelas. Primero, las escuelas infantiles pueden sustituir parcialmente el espacio familiar en situaciones consideradas de «riesgo infantil» (falta de alimentación adecuada o sospecha de prácticas parentales negligentes). En este caso, las prácticas de los servicios sociales respecto a las escuelas infantiles reproducirían el carácter residual y subsidiario de la familia que históricamente ha configurado las políticas contra la pobreza en el sur de Europa. En segundo lugar, se puede favorecer el acceso a las escuelas infantiles cuando se con- ciben como un «recurso» necesario para liberar a la usuaria de cargas familiares con el objetivo de poder realizar las acciones del plan de intervención social (formación en habilidades básicas, cursos de idiomas, participación en actividades relacionales, etc.) (lógica institucional profesionalista). En tercer lugar, las escuelas infantiles pueden representar un servicio imprescindible de conciliación cuando se presenta la oportunidad de un acceso inmediato al mercado laboral y la persona no dispone otros apoyos informales para para cuidar a sus hijos (lógica institucional de activación). Discusión y conclusiones. El análisis institucionalista identifica algunas de las influencias sobre el funcionamiento de unas organizaciones de bienestar social ubicadas en contextos más amplios de desigualdad. En este sentido, este artículo expone algunos aspectos de las prácticas reales de los servicios sociales, más allá de las voluntades normativas o de las prescripciones metodológicas. Dicho conocimiento puede facilitar el diseño y la implementación de políticas de servi- cios sociales más eficaces.
Introduction. Early childhood educational and care services have recently adopted the goals of social inclusion and ending child poverty. These objec- tives are aligned with the aims of primary care social services implemented by social workers. The access rates of impoverished families to these schools, however, are particularly low. Adopting an institutionalist approach, we analysed the regula- tory and organisational conditions that frame how social workers in primary care social services pro- mote the access of children aged 0-3 years to public schools. Methodology. This analysis of primary care social services in the city of Tarragona was based on semi-structured interviews with social workers (17) and discussion groups (8). Results. Given the lack of vacant school places and the scarcity of resources in primary care social services, social workers’ nar- ratives showed that access to these schools was not conceived as a family’s «right» (universalist institu- tional logic). In contrast to the academic consensus, social workers in primary care social services are not aware of, or do not consider the emotional, cogni- tive, and relational benefits of entering the education system at an early age. The prevalent view is that young children are to be cared for by their parents (and the extended family). In fact, taking full-time care of children is often thought of as enhancing adults’ responsible nature in other domains than parenting. This familistic logic prevails in this institutional framework and professionals should mobilise several rationalities to prioritise the (few) users who obtain help from primary care social ser- vices to access these schools. Firstly, these schools are used by primary care social services to partially replace the family when children are considered «at risk» (e.g., lack of adequate nutrition or suspected negligent parenting practices). In this case, the practices of primary care social services regarding these schools reproduce the residual and subsidi- ary traits that have historically shaped anti-poverty policies in Southern Europe. Second, access to these schools can be favoured when schools are framed as a necessary «resource» that frees parents from care tasks, allowing them to undertake actions of the social intervention plan (e.g., basic skills training, language courses, participation in relational activ- ities) (professional institutional logic). Third, these schools can be considered as a key means of support when a job opportunity arises and no informal sup- port is available to care for the children (institutional logic of activation). Discussion and conclusions. An institutionalist analysis allowed the identification of some of the elements that influence social welfare organisations within social contexts of inequality. In this sense, this study exposed some aspects of professional practices in primary care social services which cannot be explained by manifest goals or methodological prescriptions. Such knowledge can facilitate the design and implementation of more effective social service policies.
