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En los últimos tiempos ha reverdecido el debate sobre nuestro sistema de selección de los empleados públicos, que ha evolucionado muy poco desde hace décadas; y, por su rigidez, escasa agilidad y carácter poco equitativo, parece necesitado de reformas. Dos informes oficiales recientes, uno elaborado para la Administración General del Estado y otro para la Generalidad Valenciana, plantean algunas modificaciones del modelo actual, de cierto calado. En el presente artículo se examina el estado de la cuestión y el contenido de ambos informes.
