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José Manuel Pérez
Si asumimos que los cambios políticos son lógicos, deseables muchos veces y casi siempre inevitables; que la acción política es la que diseño la sociedad y determina los servicios públicos o privados que la sociedad recibe (gratuitamente o previo pago), hemos de asumir que cada vez que cambie el partido en el gobierno ha de cambiar el sistema educativo. Pero si entendemos que la obligación del Estado es buscar el bienestar de sus ciudadanos (algo que constituía ya un axioma para los ilustrados), que los conceptos de bienestar y felicidad no pueden cambiar cada cuatro años en función de los programas políticos porque no es racional ni posible, la obligación de los que gobiernan es preservar las condiciones que hagan posible su consecución por encima de intereses de partido.
