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Ambato, Ecuador
En la tramitación de causas por concurso de acreedores, cuando el demandado tiene su domicilio en otro país, previo a la calificación y mediante un auto interlocutorio los jueces de lo civil en el Ecuador declararan su inhibición por competencia territorial. Esto en razón de que el Código Orgánico General de Procesos (2015) establece en su artículo 418 que el juez del domicilio del deudor será el competente para conocer estas causas. No obstante, lo expuesto perjudica al actor del proceso concursal, considerando que previo a iniciar el juicio existe una sentencia ejecutoriada que condena al demandado el pago de sus obligaciones. Bajo este criterio, en el presente artículo se examina el procedimiento concursal que al parecer restringe la adecuada administración de justicia y la tutela efectiva garantizada en la Constitución. El objetivo de esta investigación es plantear algunas reglas que puedan ser aplicadas, a fin de que la normativa expuesta no interrumpa el debido proceso ni la legítima defensa del presunto fallido. En el texto se propone con fundamento legal y doctrinario una reforma al Código Orgánico General de Procesos. El método utilizado es la revisión sistémica, bibliográfica y documental con el soporte y criterio de diferentes de autores.
In the processing of bankruptcy cases, when the defendant is domiciled in another country, prior to the qualification and by means of an interlocutory order, the civil judges in Ecuador will declare their inhibition due to territorial jurisdiction. This is due to the fact that the General Organic Code of Processes (2015) establishes in its article 418 that the judge of the debtor's domicile will be competent to hear these causes. However, the foregoing prejudices the actor in the bankruptcy process, considering that prior to initiating the trial there is an enforceable judgment that condemns the defendant to pay his obligations. Under this criterion, this article examines the bankruptcy procedure that apparently restricts the adequate administration of justice and the effective protection guaranteed in the Constitution. The objective of this research is to propose some rules that can be applied, so that the regulations presented do not interrupt due process or the legitimate defense of the alleged bankrupt. In the text, a reform of the General Organic Code of Processes is proposed on a legal and doctrinal basis. The method used is the systemic, bibliographic and documentary review with the support and criteria of different authors.
