Colombia
Colombia ha vivido un conflicto armado de carácter no internacional que ha durado más de 60 años. El 4 de septiembre de 2012, durante el periodo presidencial de Juan Manuel Santos, se iniciaron las negociaciones de paz entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -Ejército del Pueblo (FARC-EP)-, con el objetivo de terminar el conflicto armado entre ambos actores. Los acuerdos culminaron el 26 de septiembre de 2016. Con ello surgieron cuestionamientos en los que se reclama la responsabilidad de los agentes del Estado. La cuestión en torno a dicha responsabilidad ha retumbado en las instancias internacionales competentes, como la Corte Penal Internacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La recientemente creada Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es ahora la encargada de dirimir la posible activación del principio de complementariedad para evitar dilaciones en los procesos que involucren altos mandos del Estado y, así, cumplir lo dispuesto en el artículo 120 del Estatuto de Roma.
Colombia has experienced a non-international armed conflict which has lasted for more than 60 years. On September 4, 2012, during the presidential term of Juan Manuel Santos, peace negotiations began between the Colombian State and the Revolutionary Armed Forces of Colombia -People's Army (FARC-EP) - with the aim of ending the armed conflict between both actors. The agreements culminated on September 26, 2016.
Regarding the foregoing, questions arose on the criminal liability of the State agent. The question on their liability has resounded in the competent international bodies, such as the International Criminal Court and the Inter-American Court of Human Rights. The recently created Special Jurisdiction for Peace (JEP) is now to decide the possible activation of the principle of complementarity to avoid delays in processes involving highranking State officials and properly comply with the provisions of Article 120, Statute of Rome.