Resumen de La Ley 1/2017 sobre restitución de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio español o de otro Estado miembro de la Unión Europea

Alejandro Bastida Jara, Alvaro López de Argumedo Piñeiro

• español

  En el marco de un nuevo impulso legislativo por parte de la Unión Europea a fin de crear mecanismos eficaces para la restitución del arte robado, España promulgó la Ley 1/2017, sobre restitución de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio español o de otro Estado miembro de la Unión Europea. Esta Ley incorpora al ordenamiento español la Directiva 2014/60/UE, deroga y sustituye a la antigua Ley 36/1994 sobre la materia e introduce importantes novedades para solventar el bajo número de restituciones y la poca cooperación observada entre las autoridades nacionales.

  Entre otras novedades, se incluye un Sistema de Información del Mercado Interior y se incorpora la designación de una autoridad central, todo ello con la finalidad de aumentar la cooperación entre las autoridades de los Estados miembros. Además, se amplía a seis meses el plazo para verificar si el bien cultural descubierto en un Estado miembro constituye un bien cultural en el sentido descrito en la Ley. También se amplía el plazo de la acción de restitución de uno a tres años y se prevé que las autoridades centrales puedan facilitar a las partes la aplicación de un procedimiento de arbitraje para resolver su disputa.

  El presente trabajo tiene por objeto analizar brevemente esta Ley, haciendo especial mención a las novedades introducidas por la nueva norma

• English

  In the context of a new legislative impulse by the European Union to create efficient mechanisms for the restitution of looted art, Spain has enacted the Law 1/2017, on the return of cultural objects unlawfully removed from the Spanish territory or the territory of another Member State, which entered into force on 20 April 2017. This law transposes Directive 2014/60/EU into Spanish legislation, repeals and replaces Law 36/1994, and introduces significant changes to address the low number of returned objects and the lack of cooperation observed among national authorities.

  The Law establishes an Internal Market Information System («IMI») and the appointment of a central authority, among other amendments, in order to increase the cooperation among EU member States. It also extends to six months the term for confirming whether the object in question is a cultural object as defined in the Law. The term provided for return proceedings has also been extended from one to three years. Furthermore, the central authorities may facilitate the implementation of an arbitration procedure for the parties in dispute.

  The object of this article is to briefly analyze the provisions of this Law, with particular reference to its innovations