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Eduardo Bandrés Moliné 
Desde el año 2001 algo menos de la mitad del gasto público social será gestionado por las comunidades autónomas, culminándose así un nuevo escenario político que plantea el reto de hacer compatibles los principios de autonomía y responsabilidad fiscal con los de solidaridad y equidad. El problema de la inequidad no tiene su origen en las desigualdades que plantea la diversidad de preferencias entre regiones a la hora de gestionar el gasto sino en los factores fuera del control de los agentes relevantes, tal como se viene revisando, desde hace ya tiempo, en la literatura sobre federalismo fiscal. Los procedimientos e instrumentos para garantizar las condiciones de equidad en un modelo de Estado descentralizado dependerán del posible objetivo que se persiga: bien aumentar los recursos financieros de las comunidades con menor capacidad fiscal -en este caso hablaríamos de subvenciones incondicionales- o bien promocionar la igualdad de acceso de ciertos servicios -lo que supondría referirnos a subvenciones condicionales-.
