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En el presente trabajo, se analiza si el comiso penal establecido en el Código Orgánico Integral Penal vulnera el derecho a la propiedad de terceros no procesados. Esto, porque, la disposición aplicable ha sido interpretada y aplicada divergentemente por los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Este trabajo se adhiere a la corriente que establece que el comiso procede sobre los bienes utilizados para el cometimiento del delito pertenecientes solamente a los partícipes, es decir, a los autores o cómplices del delito con sentencia ejecutoriada. Esta corriente, es una interpretación acorde a la Constitución y la jurisprudencia nacional e internacional. Por ello, este trabajo propone una reforma a la pena del comiso bajo el principio de legalidad para restringir su aplicación únicamente a los bienes de los partícipes del delito y no a los de terceros no procesados, imponiendo de esta manera un límite al poder punitivo del Estado.
In this paper, it is analyzed whether the criminal confiscation established in the Ecuadorian criminal code violates the right to property of unprocessed third parties. This, because the applicable precept has been interpreted and applied differently by the judges of the National Court of Justice. This work adheres to the current that establishes that the confiscation proceeds over assets used for the commission of the crime belonging only to the participants, that is, to the perpetrators of the crime with an enforceable sentence. This current is an interpretation according to the Constitution and national and international jurisprudence. For this reason, this work proposes a reform to the penalty of confiscation under the principle of legality to restrict its application only over assets of participants in the crime and not to those of unprocessed third parties, thus imposing a limit to the punitive power of the state.
