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El artículo realiza un análisis sobre las consecuencias de la reciente admisión de trámite de la cuestión de inconstitucionalidad presentada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencia en referencia a las tres moratorias de las expropiaciones por ministerio de la Ley.
Reflexiona sobre los efectos que supondrá admitir el torrente de hojas de aprecio pendientes en el Jurado Provincial de la Comunidad Valenciana desde hace más de seis años y las consecuencias que esta situación podría provocar en las Haciendas Municipales.
Se comenta también la posible responsabilidad patrimonial de la Generalitat Valenciana, como autora de las Leyes recurridas, al amparo del artículo 32.4 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre del Sector Público Local y la resurrección de acciones judiciales inicialmente firmes y consentidas.
Finalmente se pretende ofrecer a los Ayuntamientos, las alternativas más factibles y aceptables para poder reconducir este nuevo escenario desde la mayor de las prudencias posibles y desde la justicia y equidad que siempre debe gobernar un Estado de derecho.
