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La recién aprobada Ley de Impulso para la Sostenibilidad de Andalucía (LISTA) ha nacido con una clara vocación de transformación del urbanismo andaluz. Entre sus objetivos, y sobre la base de unos propósitos contundentes de simplificación y flexibilización, se encuentra la constatación de la actividad urbanística como una función pública, recabándose una colaboración pública-privada encaminada a la consecución de sus objetivos. Entre los mecanismos de colaboración, tanto la ley, como su futuro reglamento, contemplan pormenorizadamente la figura del agente urbanizador. Si bien en la legislación que ha sido derogada, ya se hacía mención a esta figura, la respuesta no fue la deseada. Es de esperar que con la nueva y actual regulación, se produzca un resurgir de esta figura.
