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Con un análisis de la normativa actual reguladora de la violencia de género y la pensión de viudedad, así como de la jurisprudencia, se expone como el Estado podría ayudar mucho más a las mujeres víctimas de violencia de género, con herramientas y mecanismos para protegerlas, así como los poderes públicos han de remover los obstáculos para identificar y suplir las desigualdades con la necesaria formación y perspectiva de género en el personal que aplica las normas, desde el funcionariado hasta la abogacía y la judicatura.
La violencia de género, en su forma de violencia económica y violencia institucional, atenta contra la protección del derecho a la igualdad de la mujer amparado en la Constitución española.
La Seguridad Social tiene un papel muy importante que jugar en la promoción de la igualdad y, por supuesto está obligada, por mandato, del artículo 9.2 de la Constitución española, a los poderes públicos, a promover las condiciones para conseguir la igualdad real y efectiva, además de eliminar los obstáculos que la impidan, con el objetivo de una sociedad más igualitaria y más justa. Por ello, es de suma importancia ahondar en el análisis y la aplicación de la normativa de Seguridad Social y en particular en el derecho a la pensión de viudedad en los supuestos de violencia de género, interpretando con perspectiva de género dicha cuestión, no sólo por la judicatura sino por el conjunto del funcionariado.
