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Pilar Martínez Ceyanes, David Ordóñez Solís
La pandemia del coronavirus ha tenido unos efectos determinantes en la contratación pública, tanto en los contratos que estaban en vigor el 14 de marzo de 2020 como en los contratos administrativos que se han celebrado desde entonces. Por una parte, se han introducido mecanismos de apoyo a la continuidad en la actividad económica de las empresas contratistas y, por tanto, de indemnización por la eventual suspensión de contratos administrativos como consecuencia de la paralización decretada oficialmente. Pero, por otra parte, la extremada necesidad y emergencia sanitaria han propiciado la imposibilidad de ejecución de determinados contratos y han requerido el acortamiento de los plazos de los procedimientos de los contratos relacionados con la lucha contra la pandemia y el recurso a la adjudicación directa. En este contexto, los tribunales contencioso-administrativos empiezan a conocer de las discrepancias entre licitadores, contratistas y poderes públicos en un ámbito que se revela esencial para el funcionamiento de los servicios públicos pero que puede suponer una quiebra de los principios básicos de publicidad, objetividad e integridad de la contratación pública, tal como establece el Derecho aplicable de la Unión Europea.
