Acceso usuarios
La presente investigación tuvo por objetivo dilucidar la veracidad de la cifra de 37.100 “funcionarios públicos” chilenos que, según el Servicio de Impuestos Internos (SII) de dicho país, cobraron indebidamente el beneficio estatal denominado “bono clase media”. En este contexto, también se procedió a evaluar el derecho de acceso a la información que deben cumplir las instituciones públicas según lo estipulado por la Ley 20.285. Por último, se indagó sobre los procedimientos disciplinarios que tomaron las entidades públicas ante los funcionarios que faltaron a la probidad por el cobro indebido.
Sobre la estrategia metodológica, se utilizó el método cuantitativo, aplicando una encuesta como mecanismo de recolección de información y el uso de bases de datos oficiales. El análisis de la información fue de carácter estadístico descriptivo.
Los principales hallazgos fueron: a) de lo comunicado públicamente por el SII, la cifra se redujo a 29.426 casos (20%), de ellos 10.829 eran funcionarios públicos (37%), quedando pendientes 18.567 casos (63%), de los que no se pudo determinar si gozaban dicho estatus; b) El ejercicio del derecho de acceso a la información se vio afectado por algunas de las instituciones investigadas por denegación injustificada; c) Se detectó una deficiente gestión y comunicación de datos entre los organismos públicos estudiados; y d) se constató un bajo nivel de sanciones ejecutoriadas en contra de los funcionarios que incurrieron en falta a la probidad al cobrar el bono.
The purpose of this investigation was to elucidate the veracity of the number of 37,100 Chilean "public servants" who, according to the Chilean Internal Revenue Service (SII), improperly received the state benefit known as "middle class bonus". In this context, the right of access to information that public institutions must comply with as stipulated by Law 20.285 was also evaluated. Finally, we inquired about the sanctioning measures taken by public entities in the case of officials who breached probity by improper collection.
Regarding the methodological strategy, the quantitative method was used, applying a survey as a mechanism for collecting information and the use of official databases. The analysis of the information was of a descriptive statistical nature.
The main findings were: a) from what was publicly communicated by the SII, the figure was reduced to 29,426 cases (20%), of which 10,829 were public officials(37%), leaving 18,567 cases (63%) pending of which it was not possible to determine whether they had this status; b) the exercise of the right of access to information was affected by some of the institutions investigated by unjustified denial; c) a deficient management and communication of data between the public agencies studied was detected; and d) a low level of enforced sanctions against officials who committed a breach of probity by collecting the bonus was found.
