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, Javier Carrascosa González
El Reglamento Roma III (Reglamento 1259/2010 del Consejo, de 20 de diciembre de 2010, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable al divorcio y a la separación judicial) contiene un nuevo conjunto de normas en la materia. El primer punto de conexión para determinar la ley aplicable al divorcio es la autonomía conflictual de las partes. El divorcio se rige por la ley elegida por las partes. Este criterio es eficiente. La autonomía de las partes conduce a la ley que comporta los menores costes de litigación para los cónyuges. De este modo, el divorcio se concederá de acuerdo con las expectativas de las partes. El acuerdo la ley aplicable es también un contrato. En consecuencia, algunas normas regulan la capacidad jurídica, el consentimiento y la validez formal del acuerdo. Este trabajo aborda los requisitos de este acuerdo y demuestra que el legislador europeo considera que la autonomía de la voluntad proporciona soluciones eficientes a los conflictos de leyes incluso por encima del punto de conexión de la residencia habitual de los cónyuges. Es un signo de libertad permitir que los cónyuges puedan escoger la Ley aplicable a su divorcio.
The Rome III Regulation (Council Regulation 1259/2010 of 20 December 2010 establishing enhanced cooperation in the area of the law applicable to divorce and legal separation) contains a new set of rules on the matter. First connecting factor to determine the law applicable to divorce is party autonomy. Divorce is governed by the law chosen by the parties. This criterion is efficient. Party autonomy leads to the law with less litigation costs for the spouses. By doing so, divorce will be granted in accordance with the expectations of the parties. The agreement the applicable law is also a contract. Accordingly, some rules govern the legal capacity, consent and formal validity of the agreement. This paper deals with the requisites of this agreement and proves that the European law maker considers that party autonomy provides efficient conflict-of-law solutions even beyond the spouses’ habitual residence. It is a sign of freedom to allow the spouses to choose the law applicable to their divorce.
