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L. Alberto Huamán Órdoñez
La legitimación democrática en el Estado constitucional se afinca en los procesos electorales, para avalar el ejercicio del poder así como para fundamentar la limitación de derechos fundamentales, como ejercicio extremo del espacio entre autoridad y libertad siempre presente en las sociedades actuales. Desde la filosofía, así como de la teoría política y el constitucionalismo, tal titularidad es otorgada al Parlamento con toda pacificidad. No obstante, atendiendo a la complejidad de la obra legislativa y la necesidad de que los poderes públicos deban actuar en procura de los ciudadanos, en la actualidad es asumido que el Ejecutivo, como cabeza de la Administración, puede limitar derechos fundamentales lo que es validado por la jurisprudencia constitucional quien entiende que esto es parte de las competencias técnicas en su calidad de poder público. En dicho contexto, a través del presente ensayo procederemos a analizar si es posible que la vacunación obligatoria frente a la COVID-19 se constituya en un espacio de laxamiento de la legitimación democrática con el propósito de salvaguardar la salud de la comunidad en un escenario actual de continua incertidumbre que se enfoca en otorgar respuestas sobre la marcha de acontecimientos hasta hace poco impensados para los Estados modernos que, atendiendo a este nuevo escenario pone en cuestionamiento el frágil equilibrio entre libertad y autoridad
Democratic legitimacy in the constitutional State is based on electoral processes, to endorse the exercise of power as well as to support the limitation of fundamental rights, as an extreme exercise of the space between authority and freedom, always present in today’s societies. From philosophy, as well as from political theory and constitutionalism, such ownership is granted to Parliament with all peace. However, considering the complexity of the legislative work and the need for public authorities to act in pursuit of citizens, it is currently assumed that the Executive, as head of the administration, can limit fundamental rights, which is validated by constitutional jurisprudence who understands that this is part of the technical competences in its capacity as public power. In this context, through this essay we will proceed to analyze whether it is possible for mandatory vaccination against COVID-19 to become a space for loosening democratic legitimacy with the purpose of safeguarding the health of the community in a current scenario. of continuous uncertainty that focuses on providing answers on the progress of events until recently unthinkable for modern States, attending to this new scenario calls into question the fragile balance between freedom and authority
