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Ferran Camas Roda 
El régimen administrativo de carácter sancionador en materia laboral y de Seguridad Social regulado en el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS), está siendo objeto de importantes reformas en la actualidad, ya sea por la modificación de su contenido como ha ocurrido en materia de prevención de riesgos laborales a través de la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, ya sea por el traslado de algunas de las infracciones incluidas en la LISOS a otra normativa de carácter especial, como ha ocurrido con el régimen sancionador del trabajo de extranjeros a raíz de la aprobación de la Ley 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, o finalmente, por la adición de nuevos tipos infractores en materia de empleo tras la aprobación de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social. En consecuencia, el presente trabajo pretende llevar a cabo un estudio de régimen jurídico actual de infracciones y sanciones administrativas, en particular cuando el sujeto responsable es la parte empresarial, sin perjuicio de traer a colación cuando sea necesario a otros sujetos que producto de las modificaciones legislativas habidas estos últimos tiempos han pasado a engrosar el régimen de responsabilidades administrativas en el orden social. Además, este trabajo va a centrarse en el estudio de la doctrina judicial vertida por los tribunales del orden contencioso-administrativo, lo que conlleva prestar una atención especial a las infracciones relativas a la prevención de riesgos laborales, no en vano, estas últimas vienen a ocupar un 75% del conjunto de las sanciones resueltas por la autoridad laboral. La acomodación a la realidad social también implica que este trabajo trate también con preferencia el régimen sancionador en materia de trabajo de extranjeros, debido al incremento constante y progresivo de infracciones por contratación ilegal de trabajadores extranjeros no comunitarios (nada menos que de un 192% en estos últimos años), principalmente en los sectores de hostelería, construcción y agricultura.
