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El traslado intra-europeo del domicilio social se configura como una opción que permite a las sociedades elegir con posterioridad a su constitución el sistema legal que mejor se adapta a sus necesidades jurídicas. Durante décadas, esta cuestión estuvo regida únicamente por las previsiones del Derecho originario y las interpretaciones que del mismo ha desarrollado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La carencia de Derecho derivado que armonizase el ejercicio de la libertad de establecimiento y la divergencia entre los ordenamientos de los distintos Estados miembros de la Unión han conducido a diversas controversias en las que el Tribunal de Luxemburgo ha tenido oportunidad de delimitar el alcance y los límites de las competencias estatales para modular la movilidad transfronteriza societaria. La jurisprudencia maximalista de los jueces europeos en lo que respecta al traslado de domicilio social intracomunitario ha despertado el interés del legislador europeo para regular la cuestión. La Directiva (UE) 2019/2121, al tiempo que limita el aprovechamiento fraudulento de la libertad comunitaria para la elusión de normas nacionales, equilibra el derecho a la transformación transfronteriza con la protección de los intereses de los afectados por la operación: socios, acreedores y trabajadores.
The intra-European transfer of the registered office allows companies to pick and choose, after their incorporation, the legal form that best suits their needs. For decades, this operation was governed solely by the provisions of the EU primary law and the case law from the EU Court of Justice. The lack of secondary legislation harmonizing the exercise of the freedom of establishment and the divergence between the national laws of the Member States have led to various disputes in which the Court of Justice has had the opportunity to define the scope and the limits of state powers to modulate cross-border mobility of companies. The maximalist jurisprudence of the European judges regarding the transfer of intra-community registered office has awakened the interest of the European legislator to regulate the matter. Directive (EU) 2019/2121, while limiting the fraudulent use of community freedom to circumvent national regulations, balances the right to cross-border transformation with the protection of the interests of those affected by the operation: members, creditors and employees.
