Estado constitucional democrático mexicano ante la implementación de la prueba piloto del voto de las personas en prisión preventiva 2021

• Autores: Víctor Hugo Serrano Morales
• Localización: Cuestiones constitucionales: revista mexicana de derecho constitucional, ISSN 1405-9193, ISSN-e 2448-4881, Nº. 45, 2021
• Idioma: español
• DOI: 10.22201/iij.24484881e.2021.45.16666
• Títulos paralelos:
  • Mexican democratic constitutional state before the implementation of the pilot test of the vote of people in preventive prison 2021
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• Resumen
  • español

    Resumen El 20 de febrero de 2019 el Tribunal Constitucional Electoral mexicano resolvió el juicio para protección de los derechos político-electorales del ciudadano (JDC) SUP-JDC-352/2019 y acumulado, acción presentada por las Personas Humanas identificada como “Actores” Guadalupe Gómez Hernández y Marcos Ruiz López. De una interpretación evolutiva el Tribunal Constitucional reconoció la inexistencia de mecanismo alguno que garantizará el voto activo a las personas en prisión preventiva. Decisión jurisdiccional de efectos erga omnes, que, por un lado, obliga a la autoridad administrativa electoral implemente la prueba piloto “Voto de las Personas en Prisión Preventiva”. Por otro lado, ordena dar vista al Constituyente permanente federal y local respectivamente, con el fin de valorar los cambios constituciones y legales en la materia.

  • English

    Abstract On February 20, 2019, the Mexican Constitutional Electoral Court resolved the lawsuit for the protection of the political-electoral rights of the citizen (JDC) SUP-JDC-352/2019 and accumulated, action presented by Human Persons identified as “Actors” Guadalupe Gómez Hernández and Marcos Ruiz López. From an evolutionary interpretation, the Constitutional Court recognized the inexistence of any mechanism that will guarantee active voting to people in preventive detention. Jurisdictional decision of erga omnes effects, which, on the one hand, obliges the electoral administrative authority to implement the pilot test “People in Pretrial Detention”. On the other hand, it orders to give a view to the federal and local permanent Constituent respectively, in order to assess constitutional and legal changes in the matter.

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