La celeridad en extender la utilización de programas informáticos en los procedimientos administrativos para agilizar sus trámites y decisiones exige diferenciar las categorías de automatización y cierta “inteligencia artificial”, con el fin de reflexionar sobre su posible uso en las diversas manifestaciones de la gestión de los intereses públicos. Tras ofrecer unas pautas de regulación, la autora analiza el conflicto concreto que se discute ante los Tribunales de Justicia, la información del código fuente del programa “Bosco”, que fija el reconocimiento de un bono social término a determinados consumidores.