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La STC 70/2022, de 2 de junio, ha declarado la inconstitucionalidad de la atribución legal que la Ley 3/2020, de 18 de septiembre [de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia] hizo a las salas de los Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, y de la Audiencia Nacional (cuando las medidas tuvieran carácter estatal) mediante la que se les atribuyó una función de ratificación o autorización de medidas sanitarias limitativas o restrictivas de derechos fundamentales. Se concluye que dicha reforma vulnera el principio de separación de poderes y la reserva de jurisdicción del Poder Judicial, al determinar una constitucional conmixtión de la potestad reglamentaria y de la potestad jurisdiccional.
