En el ámbito de la contratación pública se ha configurado un complejo subsector normativo orientado a erradicar la morosidad administrativa. Esta normativa ha configurado diversos mecanismos de control para abordar las dimensiones estructural y coyuntural de la morosidad de la Administración. La jurisprudencia no siempre ha realizado una interpretación garantista de la legislación de lucha contra la morosidad, si bien ha contribuido a solucionar numerosas controversias y clarificar conceptos.