Resumen de Alcance de la prohibición de obtener subvenciones públicas por parte de los altos cargos, empleados públicos y cargos electos

José Ignacio Valero Escribano, Antonio Ramón Rodríguez Castaño

• español

  El artículo 13.2.d) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS) establece que los altos cargos, los empleados públicos y los cargos electivos no podrán recibir subvenciones ni obtener la condición de entidad colaboradora en los supuestos previstos en sus respectivas normativas sobre incompatibilidades.

  Sin embargo, al acudir a dichas normas se observa que no recogen ningún supuesto concreto en el que se establezca la incompatibilidad de la percepción de subvenciones con el desempeño de esos cargos o empleos.

  En el presente trabajo se analizan las dos principales posiciones doctrinales acerca del alcance que debe darse a esta prohibición legal de obtener subvenciones, una extensiva y otra restrictiva, desarrollando y defendiendo la tesis que postula que la prohibición debe aplicarse de forma restrictiva, sin que pueda realizase una interpretación analógica ni extensiva de la misma ni de los supuestos de incompatibilidad a los que se remite, con apoyo en la jurisprudencia del Tribunal Supremo y en los pronunciamientos del Tribunal Constitucional.

• English

  Section 13.2 d) of the General Law, 38/2003, of 17 November, on Public Subsidies (LGS) provides that senior officials, public employees and elective positions may neither receive public subsidies nor obtain the status of a collaborating entity in the cases provided for in their respective incompatibility regulations. However, when resorting to those rules, it is noted that they do not include any specific scenarios in which the collection of subsidies is incompatible with the performance of those positions or jobs.

  This work discusses the two chief doctrinal positions on the scope of this legal prohibition to obtain public subsidies, one extensive and one restrictive, by developing and defending the thesis that the prohibition should be applied restrictively, without an analogue or extensive interpretation of it or of the cases of incompatibility to which it refers, with the support of both the case-law of the Supreme Court and the pronouncements of the Constitutional Court.

  The analysis is limited to the state regulation contained in the aforementioned General Law on Public Subsidies (LGS).