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Emilio José Boutaud Scheuermann
El objetivo de este trabajo es determinar si ciertas medidas administrativas desfavorables en años recientes calificadas por la doctrina y jurisprudencia constitucional como sanción efectivamente lo son. Con dicho fin, en primer lugar, se analizan los criterios de distinción entre las sanciones administrativas y otros actos administrativos de gravamen, elaborados por la doctrina y la jurisprudencia nacional y comparada. En segundo lugar, se explican los elementos básicos de las sanciones administrativas, planteando algunas críticas y refinando lo señalado por la doctrina hasta el momento. En tercer lugar, se examinan algunas medidas desfavorables que, en los últimos años, la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha vinculado con las sanciones administrativas. Se concluye que, si bien resulta justificado en el derecho administrativo emplear un concepto material de las sanciones, las medidas desfavorables estudiadas, con excepción de la inhabilitación temporal para contratar con el Estado, han sido erróneamente asimiladas a las sanciones de policía general y especial.
This work aims to determine if certain unfavorable administrative measures in recent years qualified by the constitutional jurisprudence and the doctrine as a sanction actually are. To this end, in the first place, the criteria for distinguishing between administrative sanctions and other unfavorable administrative acts, drawn up by national and comparative doctrine and jurisprudence, are analyzed. Secondly, the basic elements of administrative sanctions are explained, raising some criticisms and refining what has been indicated by the doctrine so far. Thirdly, the work examines some unfavorable measures which, in recent years, the doctrine and jurisprudence of the Constitutional Court has qualified as administrative sanctions. Finally, it is argued that although a material concept of sanctions is justified in administrative law, the unfavorable measures studied, with the exception of temporary disqualification from contracting with the State, have been erroneously assimilated to sanctions.
