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El Auto estudiado desarrolla aplicadamente un análisis de las doctrinas de los Tribunales Europeo de Derechos Humanos y Constitucional y Supremo españoles, pero no explica con suficiente claridad qué circunstancias políticas podían justificar una acusación tan grave y contundente contra el tribunal que juzgó y condenó a Alberto Rodríguez como autor de un delito de atentado a agentes de la autoridad, como las que realizó la Ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 y por las que se presentó una querella contra ella por entender que constituía un delito de calumnias con publicidad contra autoridades en el ejercicio de sus cargos y delito de calumnias contra el Tribunal Supremo.
