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Pedro Martín Páez Bimos, Sergio Berenguer Pascual
La criminalización de los actos de corrupción en el sector privado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) forma parte de una corriente expansiva e intensiva del Derecho penal que no es aislada o autónoma para el Ecuador. En la nueva legislación anticorrupción es posible observar ciertos problemas, tal vez derivados de los conflictos que existen con los principios limitadores del Derecho penal, dentro del modelo constitucional de derechos y justicia, así como otras incógnitas a la hora de interpretar los elementos objetivos del tipo penal, sobre todo si se tiene en cuenta la política criminal que busca satisfacer esta necesidad. Aplicando una metodología analítica y comparativa frente a estas actuales cuestiones, la experiencia española en materia penal puede servir de guía, por cuanto incorporó a su legislación una figura similar hace ya más de una década. Desde esta perspectiva podrán establecerse una serie de conclusiones que acentuarán la necesidad de reformar el Código Orgánico Integral Penal para evitar previsibles problemas en la aplicación del nuevo delito.
The criminalization of the commercial bribery in the Código Orgánico Integral Penal (COIP) is part of an expansive and intensive current of criminal law that is not exclusive or autonomous for Ecuador. In the fresh anti-corruption legislation, several important issues can be observ ed, perhaps originated from the conflict that exists with the limiting principles of Criminal Law, within the constitutional system of rights and justice, as well as other unknowns when interpreting the objective elements of the offence, especially if we consider the criminal policy that seeks to satisfy this need. Applying an analytical and comparative methodology to these current issues, the Spanish experience in criminal matters can serve as a guide, since it incorporated a similar figure into its legislation more than a decade ago. From this perspective, some conclusions may be established that will emphasize the need to amend the Comprehensive Organic Criminal Code to prevent foreseeable problems in the application of the new offence.
