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Ana Michelle Salvador Monteros
Las políticas públicas son acciones ejecutadas por los Estados para satisfacer situaciones entendidas como problemas públicos. El control de convencionalidad es una obligación estatal, contraída de buena fe al ratificar la Convención Americana de derechos humanos y reconocer la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. Ambos temas tienen como personaje principal al Estado, pero pocas veces se los trata en conjunto. El presente artículo se propone explorar la relación que existe entre estas dos temáticas al garantizar derechos y se analizará a través del estudio del caso Guzmán Albarracín que plantea obligaciones estatales en el ámbito de las políticas públicas para prevenir y erradicar la violencia sexual en el ámbito educativo. Para lograr este cometido, se proponen cuatro acápites de estudio: políticas públicas, tomando en cuenta una visión amplia de su formulación, implementación y evaluación, el enfoque de derechos humanos, el caso Guzmán Albarracín y las políticas públicas relacionadas con la violencia sexual en el ámbito educativo establecidas en Ecuador, el control de convencionalidad, que estudia la doctrina y principales funciones de este instituto; el control de convencionalidad en el caso ecuatoriano, a partir del estudio de la Constitución de 2008 con sus características particulares, Este último, no solamente supone un desarrollo doctrinario plasmado en estas líneas, sino que es un eje transversal en este escrito.
Public policies are actions executed by states to satisfy situations understood as public problems. The control of conventionality is a state obligation, contracted in good faith by ratifying the American Convention on Human Rights and recognizing the contentious jurisdiction of the Inter-American Court. Both issues have the State as the main character, but they are rarely dealt with together. This article explores the relationship between these two issues in guaranteeing rights and will be analyzed through the study of the Guzmán Albarracín case, which raises State obligations in the area of public policies to prevent and eradicate sexual violence in the educational sphere. In order to achieve this goal, four study sections are proposed: Public policies, taking into account their formulation, implementation and evaluation; the human rights approach; the Guzmán Albarracín case and the public policies related to sexual violence in the educational sphere in Ecuador; the control of conventionality, which studies the doctrine and main functions of this institute; the control of conventionality in the Ecuadorian case, based on the study of the 2008 Constitution with its particular characteristics, The latter is not only a doctrinal development embodied in these lines, but is a transversal axis in this paper.
