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José Miguel Sánchez Ocaña
La discriminación positiva es un mecanismo jurídico destinado a dar cumplimiento a las distintas dimensiones del principio de igualdad. Debido al rol que la constitución atribuye a los poderes públicos, son estos los que tienen el deber de adoptar medidas que corrijan las desigualdades coyunturales y estructurales originadas por factores económicos y jurídicos de diversa índole. Cuando el terreno de la política de igualdad es el empleo público, la concreta articulación del principio de igualdad material entra en liza, por momentos, con otros principios constitucionales como el principio de igualdad formal y el principio de mérito y capacidad. En estas páginas analizamos los principios y reglas que entran en juego y los requisitos de validez jurídica de las medidas de discriminación positiva en materia de género desde una perspectiva interseccional en el acceso al empleo público.
Positive discrimination is a legal mechanism designed to comply with the different dimensions of the principle of equality. Because of the role attributed to the public authorities by the Constitution, it is their duty to adopt measures to correct temporary and structural inequalities due to economic and legal factors of various kinds. When the field of equality policy is public employment, the specific articulation of the principle of material equality comes into conflict, at times, with other constitutional principles such as the principle of formal equality and the merit principle. In this paper we analyze the principles and rules that come into play and the requirements for the legal validity of positive gender discrimination measures from an intersectional perspective in access to public employment.
