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Juan Ignacio Cerdá Meseguer
Quedan lejanas en el tiempo las primeras acciones acometidas para la modernización de la Administración de Justicia desde que en el año 2009 se iniciara una ambiciosa reforma en la Administración de Justicia que afectaba a todos los ámbitos de la misma: estructural, funcional, personal y tecnológica. Con esta finalidad, se promulgaron las normas reguladoras de la Nueva Oficina Judicial (NOJ), principalmente la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la Nueva Oficina Judicial y se acometieron las reformas legales para adaptar las funciones y competencias del personal al servicio de la Administración de Justicia a ese nuevo diseño de Oficina Judicial. Junto a esas reformas legales, se promulgó la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia (LUTICAJ); y, finalmente, se acometieron necesarias reformas en normas procesales con el fin de adaptarlas a la Justicia electrónica, más moderna, eficiente, eficaz y capaz de dar respuestas a los requerimientos que la sociedad demanda de este servicio público en el siglo xxi. Nos proponemos analizar las acciones de las distintas administraciones con competencias en la materia y del CGPJ, los indudables logros alcanzados, pero también los problemas pendientes de resolver y los retos a los que se enfrenta la justicia en un futuro más o menos inmediato, en el que debe seguir implementando avances tecnológicos sin que los derechos de quienes de un modo u otro trabajan en ella y de los ciudadanos se vean afectados.
