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Este artículo tiene como objetivo definir el estado de la migración de los juristas mexicanos en todo el mundo. Define quién es un investigador jurídico, quién desarrolla y cobra por esta actividad en el país y explica por qué el método de instrucción más común en las aulas de derecho (el magister dixit), junto con otros factores como la centralización, dificulta drásticamente la producción de conocimiento jurídico original en escuelas de derecho fuera de la Ciudad de México. El artículo presenta los datos obtenidos a través de una encuesta enviada a los beneficiarios de una beca del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) para estudiar en el extranjero entre los años 2012 y 2020. Con dicha información, el autor afirma que los estudiantes de la Ciudad de México acapararon las becas para estudiar en el extranjero durante el período seleccionado. Además, la evidencia señala que la mayoría de los estudiantes que recibieron una beca provienen de un entorno socioeconómico privilegiado, a pesar de que sus escuelas no son productoras de investigación legal original. El artículo concluye con la valoración de que el sistema de educación jurídica, la falta de oportunidades académicas profesionales y los bajos salarios que ofrece la academia, dejan a los estudiantes de posgrados en Derecho mexicanos sin más alternativa que incorporarse al sector privado o permanecer efectivamente en el país en el que decidieron estudiar.
This article aims at describing the status of migration of Mexican legal scholars around the world. It defines who a legal researcher is, who performs and gets paid for this activity in Mexico and explains why the most common teaching method in law classrooms (magister dixit), alongside other factors like centralization, drastically hinders the production of original legal knowledge in Mexican law schools. The article presents data obtained through a survey presented to National Council for Science and Technology (CONACyT) scholarship recipients who studied abroad between 2012 and 2020. With said information, the author asserts that Mexico City students monopolized the scholarships to study abroad during the period in question. Moreover, evidence points out that most students awarded a scholarship came from socioeconomically privileged backgrounds, even though their schools did not produce original legal research. The article concludes with the assessment that the legal education system, the lack of academic professional opportunities and poor wages offered by the academia leave Mexican graduate law students with no other alternative than to join the private sector or effectively remain in the country where they decide to study.
