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Miguel Gutiérrez Bengoechea 
Uno de los pilares básicos en el que se asienta el Estado de Bienestar Social se basa en garantizar unas pensiones públicas dignas a sus ciudadanos. Sin embargo, en España las variables demográficas, económicas y la crisis provocada por la COVID-19 actúan de forma adversa al sostenimiento de las pensiones públicas en el actual sistema de reparto de la Seguridad Social española. El legislador ha apostado por incentivar los planes de pensiones de empleo frente a los individuales y asociados al igual que otros países de nuestro entorno como Italia, Reino Unido y Suecia entre otros. De esta forma, los planes de pensiones de empleo no sólo fidelizan la relación del trabajador con la empresa, sino que también, protegen económicamente a estos cuando alcancen la edad de jubilación.
No obstante, en mi opinión, los beneficios fiscales dirigidos a los planes de pensiones de empleo no creo, que tengan a corto plazo una gran efectividad en la suscripción de estos contratos de previsión privados, dado que el 97 por ciento del tejido empresarial lo constituyen las pequeñas y medianas empresas sin capacidad financiera en estos momentos para asumir este coste económico y social.
One of the basic pillars on which the Social Welfare State is based is on guaranteeing decent public pensions to its citizens. However, in Spain the demographic and economic variables and the one caused by the COVID-19 act adversely to the maintenance of public pensions in the current Spanish Social Security distribution system. The legislator has opted to encourage employment pension plans against individuals and associates, as well as other neighboring countries such as Italy, the United Kingdom and Sweden, among others. In this way, employment pension plans not only retain the worker’s relationship with the company, but also financially protect them when they reach retirement age. However, in my opinion, I do not believe that the tax benefits aimed at employment pension plans will be highly effective in the short term in the signing of these private pension contracts given that 97 percent of the business fabric is made up of the small and medium-sized companies with no financial capacity at this time to bear this economic and social cost.
