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El nombramiento del Presidente del Gobierno no se reduce a una mera cuestión procedimental mediante la que se busca la mejor técnica jurídica para formar gobierno de forma rápida con la finalidad de evitar crisis gubernamentales prolongadas. Es mucho más. Su análisis entronca con lo que se conoce como parlamentarismo racionalizado, en el que, con apoyo en el principio de legitimidad democrática, de acuerdo con el cual todos los poderes emanan del pueblo (art. 1.2 CE), el Parlamento ejerce un control efectivo sobre el Gobierno, que se inicia con la relación de confianza que otorga al Presidente en el momento de la investidura.
