El Derecho de la Unión Europea establece un marco común para la contratación pública en los Estados miembros, fundado en los principios de libre competencia e igualdad de trato. Bajo ciertas condiciones permite que las agrupaciones de operadores económicos, como las uniones temporales de empresas, acumulen solvencia económica y capacidades técnicas, propias o de otras entidades, para cumplir los criterios exigidos por los poderes adjudicadores. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha consolidado una jurisprudencia en torno a los requisitos que han de darse para acceder a la licitación usando mecanismos de colaboración y acerca de las condiciones que permiten excluir a los operadores económicos por incumplimientos.