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Alberto Martínez de Santos
La Ley 10/2022, de 14 de junio, de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ha modificado el art. 21 LPH en unos términos muy discutibles bajo la perspectiva de la realidad social y económica que vivimos y, que obligará a las Comunidades de propietarios y a los administradores a ser especialmente rigurosos con la liquidación de las deudas y la posterior reclamación judicial. En este trabajo se advertirán algunos de los interrogantes que surgen del nuevo régimen del impago de los gastos comunes y que deben solventarse desde una necesaria prudencia.
