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Este artículo tiene por objetivo mostrar el papel que ha desempeñado el Estado chileno en la producción de la irregularidad administrativa de los migrantes con base en políticas orientadas a obstaculizar el ingreso al territorio. A partir de información secundaria se analiza el efecto que ha tenido la imposición del requisito de visa consular en el incremento de los ingresos clandestinos. El análisis se encuadra en una caracterización de la política migratoria impulsada por el Estado chileno entre los años 1992 y 2018; se nutre de la teoría del reconocimiento y de la noción trayectoria migratoria. Se concluye que los instrumentos de política migratoria que buscan restringir los ingresos, en el marco de una intensificación de las condiciones que llevan a las personas a salir de sus países, inciden en la creación de condiciones para institucionalizar trayectorias precarias en los migrantes.
