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Enrique Ortea García
El régimen jurídico de la investidura en ciertas comunidades autónomas presenta problemas singulares de legitimidad democrática que evidencian la necesidad de coordinar el Derecho parlamentario con los estudios electorales. En concreto, el análisis de las normas sobre esta materia vigentes en el País Vasco, el Principado de Asturias y Castilla-La Mancha arroja preocupantes conclusiones que invitan a replantear al menos el modelo de estas dos últimas en aras de evitar eventuales crisis políticas e institucionales. El trabajo hace un repaso de las diferencias y paralelismos que concurren en una regulación caracterizada por el principio de homogeneidad, prestando especial atención a la configuración de la circunscripción, la cual sería la causa última de las disfunciones. Así pues, se estudian los resultados de los últimos comicios desde el marco del mandato del art. 152 CE y en conexión con la elección de los presidentes autonómicos. Todo ello puede servir de llamada de atención al legislador para no subestimar la necesidad de una visión holista en la configuración de estos pilares básicos del sistema constitucional.
