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Se echa en falta un seguimiento diligente por parte de la Comisión Europea, en su función de Guardiana de los Tratados, de la comprobación de que los Estados miembros expulsan de su ordenamiento jurídico aquellas normas internas declaradas por el TJUE incompatibles con el Derecho de la Unión (y las sustituyen por legislación compatible), pues su mantenimiento en vigor constituye, como ha dicho el Tribunal, otro nuevo incumplimiento del Derecho europeo y hace complicado que los ciudadanos y empresas se beneficien directamente de los derechos que le confieren las directivas, generándoles graves problemas de índole procesal.
