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Paz Menéndez Sebastián
Desde antiguo, la actuación de las Embajadas y Consulados de los Estados en el territorio en el que se sitúan ha tenido un régimen jurídico específico y unas reglas jurisdiccionales particulares, cuyo máximo exponente es sin duda la inmunidad de jurisdicción. Lo mismo viene sucediendo con la mayoría de las organizaciones supraestatales/internacionales respecto de sus oficinas en territorios nacionales. Estas especialidades están justificadas en la protección de intereses estatales y en la preservación de la autonomía de la organización, respectivamente. No obstante, en los últimos tiempos se aprecia cierta preocupante tendencia a invocar esa inmunidad de jurisdicción para esquivar reclamaciones laborales formuladas por sus empleados “no especiales”. Este trabajo tiene por objeto el estudio de la jurisprudencia social nacional reciente elaborada para desmontar los argumentos empleados por los Estados y las organizaciones internacionales con el propósito de evitar el conocimiento por jueces españoles de esos pleitos laborales interpuestos contra sus intereses. Dicha jurisprudencia tiene como faro garantizar la adecuada protección judicial de los derechos sociales de esos trabajadores, aunque en ocasiones el recorrido normativo llevado a cabo a tal fin adolezca de algún desajuste o incorrección.
The Embassies and Consulates of States in the territory in which they are traditionally located have had a specific legal regime and particular jurisdictional rules, in particular immunity from jurisdiction. This is also the case for most supra-State/international organizations with respect to their offices in national territories. These specialties are justified in the protection of State interests and in the protection of the autonomy of the organization. But in recent times there is a tendency to invoke that immunity from jurisdiction to avoid labour processes of ordinary employees. The purpose of this paper is to study Spanish jurisprudence developed to neutralize the arguments of States and international organizations to avoid knowledge by Spanish judges of these labour lawsuits. This case-law is intended to ensure the protection of workers, but sometimes the arguments are not entirely correct.
