La generalización de la administración digital está suponiendo un deterioro de los derechos de la ciudadanía, especialmente cuando se impone el deber de relacionarse por medios electrónicos. La jurisprudencia se ha venido mostrando bastante implacable en el cumplimiento de los requisitos derivados de la relación electrónica. Pero una serie de sentencias recientes del Tribunal Supremo muestran un cambio de tendencia, y tienden a flexibilizar el cumplimiento de los requisitos por los ciudadanos y a endurecer las exigencias que debe cumplir la Administración.