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Ángel Yuste Castillejos
La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo aprobó el pasado 21 de abril un informe no vinculante sobre 379 asesinatos atribuidos a ETA que aún siguen sin ser esclarecidos. El texto, aprobado por 27 votos a favor, tres en contra y tres abstenciones, ha sido interpretado por algunos medios de comunicación, como una enmienda a la política del Gobierno con los presos de ETA(*).
La Comisión de la Eurocámara aboga para que: «los casos pendientes de la banda terrorista se investiguen como delitos de lesa humanidad, tumbando las enmiendas que pretendían suavizar esta declaración. Insta, igualmente, a las instituciones competentes a que: «garanticen que los beneficios y el trato penitenciarios que se puedan otorgar a los condenados por terrorismo, con arreglo a la legislación española vigente, vayan ligados a su colaboración en el esclarecimiento de todos aquellos atentados de los que tengan conocimiento, como muestra añadida de su verdadero arrepentimiento.» El Informe aborda, también, la necesidad de evitar los llamados «ongi etorri» —actos públicos de homenaje a los terroristas excarcelados, como bienvenida o recibimiento en sus lugares de residencia—. El Parlamento Europeo pide evitar: «el enaltecimiento público de los condenados cuando salen de las cárceles, por el dolor y la victimización secundaria que conlleva para las víctimas del terrorismo Recientemente, con la consolidación del cambio de política penitenciaria con los reclusos que militaron en la extinta organización terrorista ETA, ha adquirido un interés creciente el análisis de la competencia de la Administración Penitenciaria para fijar el centro penitenciario de destino de los reclusos.
Estas circunstancias nos animan a profundizar en las razones que impulsan y justifican esta prerrogativa y los eventuales límites a los que estaría sometida.
