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La impugnación de actos o disposiciones con rango inferior a Ley por razón de la vulneración de los preceptos constitucionales que disciplinan el reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, puede articularse por medio de un conflicto positivo de competencia ante el Tribunal Constitucional, o mediante un recurso ante la jurisdicción contencioso administrativa, puesto que los tribunales ordinarios controlan no sólo la legalidad sino también la constitucionalidad de las normas reglamentarias. La delimitación de ambos procesos pasa por valorar la existencia de una triple identidad subjetiva, objetiva y fundamento de la pretensión ejercitada.
