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Los perjuicios de imposible o difícil reparación constituyen, junto a los errores materiales aritméticos o de simple hecho, el único supuesto de suspensión sin garantías admitido de forma expresa por el legislador en vía de revisión económico-administrativa. No obstante, su naturaleza como concepto jurídico indeterminado lo sitúa en el terreno meramente probatorio donde los órganos administrativos primero y los judiciales después adoptan tradicionalmente una postura rígida y restrictiva que a menudo da lugar a la desestimación de las solicitudes de suspensión de los particulares. En el presente estudio se analiza la evolución jurisprudencial de las tesis sobre el problema de su evaluación como presupuesto de la reparación de los daños y la cuestión básica de su acreditación de los perjuicios y carga de la prueba, hacia posturas más flexibles que permitan una mayor igualdad de armas y equilibrio en la relación jurídico-tributaria entre la Administración y los particulares.
