Acceso usuarios
En el segmento cronológico del constitucionalismo mexicano se transita por un reconocimiento natural de los derechos, esto es, el asentimiento, por parte del Estado, de bienes básicos que existen con antelación al mandamiento estatal. No obstante, dicho decurso fue coartado durante 94 años en la historia mexicana, pues desde la abrogación de la Constitución de 1857, por la de 1917, se atendió a una facultad concesora de garantías, como una obra del Estado a través de sus autoridades e instituciones. A la postre, en 2011 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), con la reforma del 10 de junio, retoma el escenario antropocentrista del que se había alejado en 1917 y con ello se constitucionaliza el reconocimiento de derechos humanos, impregnándolos de eficacia directa, cuyos estándares de protección se amplían al corpus iuris internacional y al ius naturalismo –con todas las implicaciones que este giro epistémico genera–. Escenario que ha permitido la emisión de fallos trascendentales, en materia de derechos humanos, por parte de la Suprema Corte de la Nación.
In the chronological segment of Mexican constitutionalism, there is a natural recognition of rights, thatis, the State’s affirmation of prerogatives that existed prior to the State order. Nevertheless, such course was curtailed during 94 years in Mexican history, since the abrogation of the Constitution of 1857 by the one of 1917, as the power to grant guarantees, as a state’s function, was executed through its authorities and institutions. Finally, in 2011, the Political Constitution of the United Mexican States (PCUMS), with the reform dated June 10th, resumes the anthropocentric scenario from which it hadestranged since 1917. This makes the recognition of human rights constitutional, by permeating them with direct efficacy, the protection standards of which are extended to the international corpus iuris and ius naturalism –with all the implications generated by this epistemic turn. This scenario has allowed paramount rulings by the Nation’s Supreme Court in the matter of human rights.
