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Esaú Alarcón García
Al calor de una amnistía fiscal que posteriormente devino inconstitucional, el legislador español estableció una hasta entonces desconocida obligación informativa específica para determinados bienes y derechos en el extranjero, que pasó a cumplimentarse a través del conocido modelo 720. Desde su nacimiento, este novedoso deber informativo ha estado cubierto de un manto de sospecha tanto por su propia existencia y compleja forma de cumplimiento como por el abismo en el que han quedado los contribuyentes que, por algún motivo, no lo han cumplido en plazo o correctamente. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 27 de enero de 2022 ha resuelto la discusión, mandando al cajón de las pesadillas olvidadas una normativa que nunca debió ver la luz por su evidente contrariedad con las libertades europeas y que se ha mantenido en vigor, a pesar de ser objeto de una constante controversia, por cuestiones que superan el mero debate jurídico
Under the protection of a tax amnesty that later became unconstitutional, the Spanish legislator established a hitherto unknown specific reporting obligation for certain goods and rights abroad, which began to be completed through the well-known 720 form. Since its inception, this new reporting duty it has been covered in a cloak of suspicion both because of its very existence and complex form of compliance and because of the abyss in which taxpayers have been left who, for some reason, have not complied on time or correctly. The judgment of the Court of Justice of the European Union of January 27, 2022 has resolved the discussion, sending to the drawer of forgotten nightmares a regulation that should never have seen the light due to its obvious contradiction with European freedoms and that has been kept in force, despite being the subject of constant controversy, for issues that go beyond the legal debate
