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Pepa Burriel Rodríguez-Diosdado
La entrada en escena de la prestación estatal del ingreso mínimo vital (IMV) a través del Real Decreto-Ley 20/2020, de 29 de mayo, suponía la aparición de una prestación estatal para cubrir no solamente el riesgo de pobreza y exclusión social, sino otros riesgos nuevos asociados a la precariedad laboral o al llamado «desempleo tecnológico», según su propia exposición de motivos. Asimismo, la finalidad era dotar de cierta heterogeneidad a la protección de estos riesgos que se llevaba a cabo, al menos, a través de las rentas mínimas de las comunidades autónomas. Pero el IMV ha actuado como un tsunami en la protección dispensada en estas, al no tener en cuenta las diversidades normativas existentes, y ha provocado modificaciones que conllevan una reducción del ámbito de protección y gasto social, tan necesario si se atiende a las cifras de pobreza y exclusión social de nuestro país. El análisis que se realizará abarcará algunos de los aspectos más significativos de las prestaciones autonómicas versus la prestación estatal, poniendo el acento en las problemáticas más acusadas, tanto pasadas como presentes, y en un olvido clásico en esta materia, esto es, la obligatoriedad del cumplimiento de la Carta Social Europea.
