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Isabel María Villar Cañada 
La reciente reforma del sistema de pensiones vuelve a poner de relieve que el enfoque de género sigue quedando en un segundo plano. Pese a la incuestionable brecha de género existente en nuestra Seguridad Social, reflejo, entre otras causas, de la desigualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, las reformas que se vienen acometiendo en los últimos tiempos se orientan hacia el reforzamiento del carácter contributivo del sistema, como medio para intentar garantizar su sostenibilidad económica. Un reforzamiento este que no hace sino acentuar las diferencias por razón de género, generando efectos particularmente perniciosos para las mujeres a la hora de acceder a una protección suficiente y adecuada.
Las medidas adoptadas hasta el momento para intentar compensar la posición de desigualdad de las mujeres en el sistema de pensiones tienen un alcance limitado y resultan insuficientes.
La última, por el momento, reforma de pensiones pone de relieve esta realidad. Y es que nos encontramos ante una nueva oportunidad perdida para acometer el diseño y puesta en marcha de medidas que contribuyan de manera eficaz a la adecuada implementación del principio de igualdad por razón de género y den una respuesta eficaz a la brecha de género de nuestro sistema público de pensiones.
