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El año 2020* (*último dato conocido) cerró con 1.924.710 ejecuciones civiles pendientes sólo en los Juzgados de Primera Instancia y Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. Ese mismo año se resolvieron 504.592 procedimientos de este tipo y para los próximos meses los expertos auguran un crecimiento exponencial de la ejecución forzosa de forma general, y de la ejecución hipotecaria de forma particular, resultado y consecuencia de la judicialización de los efectos económicos del COVID-19. Como años atrás, la Justicia puede convertirse en una orilla de náufragos. Conviene evitarlo, y sólo existe una forma: con reflexión, diálogo y reformas. La ejecución civil se ofrece a su análisis y diagnóstico. De ello depende la viabilidad del futuro judicial…y también del económico y social.
