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La sentencia Casilla con Junji, dictada por la Corte Suprema, es un acto de lo que podemos llamar “judicialización de la política”. Lejos del papel que corresponde a un tribunal de justicia, en esta sentencia se advierte un verdadero acto legislativo, por cuanto se redefine el concepto de ‘ciudadanía’ consagrado en la Constitución, trastocando con ello parte de la legislación. El propósito de este comentario es proyectar las consecuencias de esta decisión, y mostrar cómo esta sentencia representa una intromisión de los jueces en un asunto de naturaleza política
