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Se cuestiona ante el TJUE si los artículos 18, apartado 2, 58 y 70 de la Directiva 2014/24 deben interpretarse en el sentido de que, en el marco de un procedimiento de adjudicación de un contrato público de servicio de gestión de residuos, la obligación de un operador económico que pretenda trasladar residuos de un Estado miembro a otro Estado de disponer, con arreglo en particular a los artículos 2, punto 35, y 3 del Reglamento n.o 1013/2006, de la autorización de las autoridades competentes de los Estados miembros afectados por ese traslado constituye un requisito relativo a la habilitación para ejercer la actividad profesional o una condición de ejecución de ese contrato.También analiza el Tribunal europeo si la Directiva 2014/24 se opone a que se rechace la oferta de un licitador por el único motivo de que este no haya aportado la prueba, en el momento de presentación de la oferta, de que cumple una condición de ejecución del contrato de que se trate.
