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Anna Spuche Catalunya
El reverdecimiento de la economía a través de las energías renovables desentierra el problema del uso del suelo público por los promotores para implantar las instalaciones, ya sean fotovoltaicas o eólicas. Sin duda es la España rural la que se lleva el número premiado para el desarrollo de estas plantas, pero se complica el cierre de operaciones cuando las parcelas que se pretenden ocupar son bienes comunales cuya tramitación para que puedan ser utilizados por terceros no vecinos es cuanto menos dificultosa. En este trabajo se esboza el régimen jurídico aplicable a dichos bienes y el procedimiento a seguir para conseguir la concesión del suelo.
