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, Santiago Hernández Torres
La actualización del marco legal en materia de ordenación del territorio en España durante la última década ha propiciado nuevos mecanismos para optimizar la gestión pública en la planificación del espacio y su consenso desde la eficacia y la eficiencia en el análisis de las determinaciones y actuaciones. Se aborda el resultado en Canarias de la aplicación de los órganos ambientales en los ayuntamientos, sus competencias en la evaluación de los efectos sobre el medio ambiente y su participación en una ordenación urbanística sostenible. Se ejemplifica la plena responsabilidad en la correcta integración del desarrollo socioeconómico, de los usos y aprovechamientos en el territorio. Vemos como este esfuerzo de evaluación se inserta en una estrategia cada vez más obligada de conservación del patrimonio medioambiental y cultural, de excelencia en las cualidades del paisaje, de sus recursos naturales y de un entorno saludable y aceptado por la población como indicadores de su bienestar. Se expone su estructura administrativa y técnica, la variedad de realidades territoriales que aborda y los capítulos significativos en sus resoluciones.
